Conozca las bondades del nuevo Código Penal Dominicano.
La incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un cambio de gran importancia para el sector empresarial, al establecer que las empresas pueden responder penalmente por determinados delitos cuando no adopten mecanismos adecuados de prevención y control, es una de sus bondades.
Los dominicanos esperan con expectativas el nuevo Código
Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, (ADOCCO) dijo que del nuevo Código Penal de la República Dominicana representa un paso trascendental para la modernización del sistema de justicia penal, el fortalecimiento del marco jurídico, la prevención de la corrupción administrativa.
Indicó que el nuevo Código incorpora importantes innovaciones que amplían las herramientas legales para perseguir conductas que lesionan el patrimonio público.
Asimismo, fortalece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como de las personas físicas y jurídicas que intervienen en actos de corrupción.
Entre los principales avances, ADOCCO destacó la tipificación y el fortalecimiento de figuras penales como la corrupción pública, la concusión, el cohecho activo y pasivo, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses, la sobrevaluación ilegal en las contrataciones públicas, la malversación de fondos públicos, el peculado y otras infracciones contra la administración pública, acompañadas de sanciones más severas, decomiso de bienes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Asimismo, la entidad resaltó la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un cambio de gran importancia para el sector empresarial, al establecer que las empresas pueden responder penalmente por determinados delitos cuando no adopten mecanismos adecuados de prevención y control.
La organización también valoró que el nuevo Código incorpore disposiciones orientadas a proteger la independencia de la administración pública y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, mediante la sanción de conductas como la intimidación contra funcionarios públicos y el ultraje en el ámbito jurisdiccional.
ADOCCO precisó que la eficacia de estas disposiciones dependerá de una aplicación objetiva, independiente y respetuosa del debido proceso, así como del fortalecimiento de las instituciones encargadas de la investigación y persecución de los delitos contra la administración pública.
En ese sentido, reiteró su respaldo a la iniciativa de crear una comisión técnica para revisar y evaluar la aplicación práctica del nuevo Código Penal, con el propósito de identificar oportunidades de mejora a partir de la experiencia que genere su implementación.
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