Familia Mota agradece decisión judicial y aclara situación legal de terreno en Blanquizales.
Barahona, República Dominicana.-La familia Mota, legítima propietaria de la parcela No. 23 del Distrito Catastral No. 2 del municipio de Barahona, cuyos derechos constan en el Registro de Títulos desde el año 1962, aclaró públicamente la situación surgida tras recientes acciones de presión y reclamos por parte de la Junta de Vecinos del sector Blanquizales, ocurridas cuando los propietarios acudieron a realizar trabajos técnicos de medición dentro de su terreno.
La familia explicó que no se trata de una ocupación ilegal ni de un conflicto por posesión, sino de una agresión institucional y comunitaria al derecho de propiedad privada, cuando algunos vecinos alegan de manera unilateral la existencia de una supuesta “área verde” dentro de una propiedad que cuenta con título definitivo, sin que exista declaratoria oficial del Estado ni indemnización a sus legítimos dueños, como manda la ley dominicana.
En ese sentido, la familia Mota agradeció la sabia y prudente decisión del Juzgado de la Instrucción de Barahona, que declinó el conocimiento del caso y envió el proceso al Tribunal de Tierras de esta jurisdicción, órgano competente para determinar, de manera clara y definitiva, la titularidad, delimitación y validez de los derechos registrados.
*Marco legal aplicable*
La familia recordó que, conforme a la Constitución de la República Dominicana (artículo 51) y a la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, ninguna persona física, junta de vecinos ni entidad comunitaria tiene facultad legal para declarar un terreno como área verde.
Dicha potestad corresponde exclusivamente al Estado dominicano, a través de los organismos competentes, tales como:
El Ayuntamiento Municipal, dentro del marco del ordenamiento territorial;
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando se trate de protección ambiental;
Y siempre mediante un proceso administrativo y legal que incluya la compensación económica a los propietarios, cuando el inmueble esté debidamente titulado.
En consecuencia, pretender imponer una condición de área verde sobre un terreno privado sin proceso legal ni compensación constituye una violación grave al derecho de propiedad, protegida por el ordenamiento jurídico dominicano.
Llamado a revisión parcelaria y auditoría registral
La familia Mota informó que ha solicitado que, dentro del proceso que conocerá el Tribunal de Tierras, se realice una revisión y actualización parcelaria integral de toda la parcela No. 23, debido a que se han detectado múltiples irregularidades registrales, incluyendo la presunta existencia de títulos emitidos sin que conste compra legítima a los verdaderos propietarios.
En ese sentido, los propietarios hicieron un llamado respetuoso a los moradores del sector Blanquizales a permitir que se desarrollen los procesos técnicos, legales y catastrales correspondientes, a fin de establecer con transparencia cómo y bajo qué condiciones algunas personas obtuvieron documentos de propiedad, sin haber adquirido derechos de la familia Mota.
Titularidad histórica y legitimidad
La familia reiteró que ostenta la titularidad plena del terreno en calidad de herederos legales de Carlos Mota, Carlos Temístocles Mota y Mercedes Luisa Mota Reyes, entre otros sucesores, contando con documentación registral válida, vigente y oponible a terceros. Señalaron que toda persona que posee un título legal dentro de dicha parcela lo ha adquirido mediante compra directa a la familia Mota, lo que demuestra de manera inequívoca el origen legítimo de los derechos registrados existentes en el área.
Recordaron además que la familia Mota fue desarrolladora histórica de los terrenos que dieron origen al sector Blanquizales, mediante procesos de lotificación, venta legal, exportación de madera y actividades comerciales lícitas, siendo ampliamente reconocida en Barahona por su trayectoria en materia inmobiliaria y de tierras.
Apertura al diálogo institucional
Finalmente, la familia Mota dejó claro que no se opone a ningún proceso de negociación, y que está abierta al diálogo con el Ayuntamiento, el Gobierno central o cualquier institución del Estado, en el caso de que se decida legalmente declarar parte del terreno como área verde, siempre que se respete el debido proceso y se indemnicen los derechos adquiridos, tal como establece la ley.
“Confiamos plenamente en el Tribunal de Tierras y en las instituciones del Estado dominicano para que se restablezca el orden jurídico y se proteja la propiedad privada”, concluye el comunicad
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