Estado dominicano buscará recuperar 16,000 millones sustraídos en caso Senasa.

El equipo de recuperación actúa mediante apoderamiento presidencial y según lo establecido en la ley, y puede presentar acusaciones alternativas, solicitar medidas de instrucción y reclamar reparación económica simultáneamente al proceso penal.

Oliver Mata

diciembre 11, 2025 4 minutos de lectura

Foto: Danny Polanco/Tomado de CDN

Santo Domingo, RD. – El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) depositó el pasado martes una querella con constitución en actor civil representando al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y al Estado dominicano en la recuperación de los bienes “distraídos” en el fraude millonario cometido en la ARS estatal.

"Nosotros somos los que vamos a representar a Senasa y al Estado dominicano", dijo Henríquez, en declaraciones textuales sobre la representación legal en el proceso.

Fernando Henríquez, coordinador general del equipo de abogados explicó durante entrevista en el programa Despierta con CDN que el rol del equipo es distinto al del Ministerio Público: mientras el MP persigue e investiga los ilícitos penales, el Estado —como víctima— puede querellarse y actuar como actor civil para reclamar resarcimientos económicos.

Hasta el momento, según el abogado estatal, se está cuantificando “el daño causado”, refiriéndose al déficit en el Senasa.

“No queremos adelantarnos a plantear una cifras ni para quedarnos cortos ni para crear unas expectativas que pudieran no llenarse en un futuro. Nosotros queremos ser objetivamente al tratar el tema y cuando se tengan todos los procesos de auditorías listos saldremos a reclamar y la ley nos permite eso, no tenemos que definir el monto de los daños y perjuicios que vamos a reclamar, sino que cuando concluya el proceso de investigación presentaremos el monto”, explicó.

“Dominicana es admiración a nivel internacional”

Henríquez manifestó que el país goza de gran admiración internacional por “el proceso serio” de salir a recuperar el dinero sustraído desde el Estado, atribuyendo este cambio en el paradigma a la dirección del presidente Luis Abinader.

Otra iniciativa vinculada al caso de las EDES

Desde 2020, las recuperaciones atribuidas a iniciativas del Poder Ejecutivo suman 6,500 millones de pesos, según Henríquez, desglosados en 3,500 millones recuperados por el equipo y 3,000 millones de otra iniciativa vinculada al caso de las EDES.

Henríquez aclaró que las cifras de recuperación son dinero y bienes efectivamente ingresados al patrimonio estatal, custodiados por entidades como el Incabide o la Cuenta Única del Tesoro, no promesas de pago.

Sobre el monto señalado en el caso de Senasa —aproximadamente 15,921 millones— Henríquez indicó que aún se está en la fase de cuantificación mediante auditorías forenses para determinar el daño exacto antes de fijar la cifra a reclamar.

La querella presentada incluye información recabada de organismos estatales y de fuentes periodísticas; el equipo actuará pro bono en la representación de Senasa, sin cobrar honorarios, para que la recuperación se destine íntegramente al sector salud.

Procedimiento y criterios de oportunidad

Henríquez detalló que las medidas reservadas o que requieren autorización judicial se tramitan por el Ministerio Público, que gestiona las órdenes para acceder a pruebas financieras y bancarias.

Sobre los criterios de oportunidad, afirmó que son herramientas internacionales útiles para desarticular estructuras de corrupción, permitiendo que imputados aporten información a cambio de beneficios, siempre exigiendo la devolución de lo identificado como apropiado indebidamente.

El equipo respeta las facultades del Ministerio Público y, aunque como querellantes podrían discrepar de un criterio de oportunidad, han manifestado satisfacción con la gestión y estándares aplicados por el Ministerio en estos procesos.Henríquez señaló que los procesos penales que buscan privación de libertad requieren tiempo y el cumplimiento completo del debido proceso; citó que casos vinculados como "pulpo eléctrico" y "antipulpo" son expedientes separados con distintos avances.

El equipo de recuperación está conformado por 19 abogados: tres coordinadores y 16 letrados, cada uno con su estructura de apoyo. Ha habido movimientos de personal, pero la operación continúa, según explicó Henríquez.

El contrato del equipo con el Estado establece un esquema de cuotalitis: reciben un 15% de lo efectivamente recuperado, dentro del límite legal de hasta 30%, y cuentan con un estipendio mensual para gastos operativos.

Henríquez afirmó que internacionalmente la iniciativa ha tenido impacto y reconocimiento, y defendió que la gestión busca no solo sanción penal, sino también la recuperación efectiva de recursos para la salud pública.