SANTO DOMINGO: Los diputados aprobaron en primera lectura aumentar de 25 % a el 30 % la partida presupuestaria de las alcaldías destinada al pago de nómina y gastos del personal que ejerce funciones administrativas, en la sesión de este martes, partida que incluye también, “las remuneraciones de sus funcionarios electivos”.

Esta modificación, situada en el artículo 21 de la Ley 176-07 de Ayuntamientos y del Distrito Nacional, es parte de la readecuación que realizan los legisladores para solucionar el “vacío legal” registrado en los casos de sustitución de alcaldes o alcaldesas, cuando también renuncien sus sustitutos.

El proyecto de ley, enviado por el Senado de la República y favorecido este martes por unanimidad por los representantes de la Cámara Baja, es el resultado de la fusión de tres piezas legislativas que buscan eliminar las atribuciones del Poder Ejecutivo para resolver, mediante decreto, la designación en los cabildos.

En este contexto, la vicepresidenta del órgano legislativo, Dhaurely D' aza, presentó un documento en el que, además, recomienda “reajustar” el tope de los presupuestos municipales. La Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el diputado Eliazer Matos, estudió la recomendación de la legisladora, acogiéndola en el informe favorable presentado en la sesión.

Además de aumentar “las remuneraciones de sus funcionarios electivos”, el nuevo marco legislativo, si fuese aprobado en una segunda lectura, unificaría en un 66 % la atención a los gastos derivados de la, “prestación de los diferentes servicios, la construcción, ampliación, remodelación o cualquier intervención en las infraestructuras, así como equipamientos comunitarios e inversiones de capital”.

En ese mismo orden, mantiene en 4 % los fondos destinados a programas de educación, salud y género. “El órgano normativo dispondrá en el presupuesto municipal el proceso de aplicación de estos programas, los criterios para su distribución y los requisitos que habrán de reunir las organizaciones e instituciones con las cuales la administración municipal coordine su implementación”, establece el literal C del artículo antes mencionado.

D´aza aseguró que este proyecto proviene de la profunda reflexión sobre la realidad municipal dominicana, ya que, durante años se ha escuchado clamar por inversiones y servicios de calidad.

“Este proyecto responde precisamente a esas necesidades y además se adapta a la marcada heterogeneidad que tienen los territorios de nuestro país. No es lo mismo el municipio de Bánica, el más pequeño de nuestro país, que el municipio de Santiago de los Caballeros. Al ajustar los topes del presupuesto…”, manifestó al motivar su visión legislativa durante su ponencia en el Hemiciclo.

Sanción

El primer párrafo del artículo declara que, si fuese violado, serían sancionados con penas de dos a cinco años de prisión, junto al pago de una indemnización de cinco a 20 salarios mínimos, así como también la inhabilitación para el servicio público prevista por la legislación penal dominicana para estos casos. No obstante, esta no precisa si se refiere a los funcionarios de elección popular (alcaldes y vicealcaldes) u otro empleado del gobierno local.

“En el caso de que el tesorero y el contralor municipal no denuncien ante las autoridades de control y persecución competentes, se castigarán como infractores y de acuerdo con la sanción antes mencionada”, especifica la norma legislativa.