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Médicos y clínicas serian penalizados si nieguan atención a pacientes sin seguro en emergencias.


Una propuesta legislativa que actualmente se encuentra en estudio en el Senado ha generado un intenso debate en torno a la atención médica en casos de emergencia.

El proyecto, que ha pasado por múltiples revisiones, plantea la penalización de médicos y clínicas que nieguen atención a pacientes sin seguro médico.

La iniciativa, depositada por el senador representante de Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, sugiere que todas las personas que sean ingresadas en estado de emergencia deben recibir atención sin requerir ningún pago de depósitos previos, sin importar si cuentan con un seguro de salud o no.

De acuerdo con el documento legislativo, durante las primeras 24 horas de atención, los pacientes deberán ser ingresados en el centro de salud sin costo alguno, asegurando así los servicios de asistencia médica, medicamentos, radiografías y cualquier procedimiento necesario.

Los costos de esta atención serán debitados de los impuestos pagados por el centro de salud o médico especialista en su declaración jurada.

En caso de que un centro médico no cumpla con estas disposiciones, el proyecto contempla una multa equivalente a 50 salarios mínimos del sector público como sanción. Asimismo, si un médico incumple estas normativas, el Tribunal Disciplinario del Colegio Médico Dominicano podrá recomendar la cancelación temporal o definitiva de su licencia o exequátur.

Los sustentos del proyecto se basan en el Reglamento General de Hospitales de la República Dominicana, que establece la responsabilidad legal y ética de brindar atención a pacientes en estado de emergencia sin discriminación económica.

Además, se apoya en el Código de Ética Médica del Colegio Médico Dominicano, que prohíbe a los médicos desatender a sus pacientes en casos de peligro público.

La iniciativa también hace referencia al creciente número de quejas por parte de pacientes que son rechazados en las salas de emergencia de las clínicas debido a la falta de seguro médico o la incapacidad para pagar un depósito, lo que en algunos casos ha resultado en la muerte de estas personas.

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